l Ministerio de Defensa británico ha prohibido a los miembros de las Fuerzas Armadas que cuenten sus experiencias por medio de internet y teléfonos móviles sin el permiso de un superior. La medida, que afecta no solo a los soldados, sino también a los reservistas, los cadetes y los funcionarios civiles del ministerio, puede vulnerar la libertad de expresión, según abogados especialistas en derechos humanos.
Hasta ahora, el personal en servicio debía obtener autorización para hablar con los medios de comunicación, pero era libre de chatear, escribir en blogs o enviar vídeos y fotos a través de internet y teléfonos móviles. Las nuevas directrices, a las que el periódico The Guardian ha tenido acceso, especifican que “toda comunicación debe ayudar a mantener y, en la medida de lo posible, enaltecer la reputación del Ejército”.
En el pasado, varias investigaciones sobre abusos y torturas en Irak se habían iniciado a partir de imágenes distribuidas por los soldados. Además, la prensa británica se había hecho eco de los problemas de falta de equipamiento adecuado y pobre alojamiento tras recibir correos electrónicos.
Las regulaciones dictadas por la Dirección de Planificación de Comunicación y Defensa, que recuerdan a los miembros del Ejército que no pueden vender historias a los medios de comunicación, llegan tras el escándalo desatado a principios de abril cuando dos de los marinos retenidos en Irán aceptaron, con permiso del ministro de Defensa, Des Browne, ofertas del diario The Sun y la cadena de televisión ITV para contar su cautiverio.
El director general de Comunicaciones del Ministerio de Defensa, Simon McDowell, negó que las nuevas medidas supongan censura. Según dijo a The Guardian, se busca que sean “una guía más clara”. “Las regulaciones existentes pueden llevar a confusión, y no contenían aspectos como la aceptación de pagos”, explicó, y añadió que “incluso una pequeña foto enviada desde Afganistán por teléfono móvil puede poner en riesgo la vida de personas y la seguridad de las operaciones”.
Sin embargo, Geoffrey Robertson, un prestigioso abogado especializado en derechos humanos, explicó al rotativo británico que las medidas pueden contravenir el artículo 10 sobre la libertad de expresión de la Carta de los Derechos Humanos.

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